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A dos meses de su toma de posesión, la administración del presidente Donald Trump no ha logrado cumplir su promesa de llevar a cabo la mayor operación de deportaciones en la historia de Estados Unidos. A pesar de un aumento en las detenciones, las cifras de deportaciones mensuales se mantienen por debajo de las registradas durante el gobierno de Joe Biden, debido a obstáculos legales, falta de recursos y resistencia de ciudades santuario.
Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en promedio, la administración Trump ha deportado a 37,000 personas al mes, una cifra inferior a las 57,000 deportaciones mensuales registradas en el último año completo del gobierno de Biden. Aunque el zar fronterizo, Tom Homan, ha destacado una reducción del 90% en las llegadas de migrantes a la frontera con México, las detenciones en el interior del país no alcanzan la meta de 1,200 a 1,500 arrestos diarios.
Uno de los principales desafíos es la insuficiencia de recursos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enfrenta un déficit presupuestario de 2,000 millones de dólares, lo que limita su capacidad para detener y deportar a migrantes. Aunque el Congreso aprobó recientemente un paquete de financiamiento que incluye 430 millones de dólares adicionales para ICE, expertos señalan que estos fondos no resolverán los problemas estructurales del sistema migratorio.
Además, la administración Trump ha enfrentado bloqueos judiciales. Un juez federal ordenó suspender la deportación de migrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una medida que el gobierno ha ignorado parcialmente al deportar a grupos específicos, como miembros de pandillas a El Salvador. Sin embargo, estas acciones han sido marginales en comparación con las cifras totales de deportaciones.
Otra estrategia, la promoción de la "auto deportación" a través de la aplicación móvil CBP HOME, tampoco ha tenido el éxito esperado. Las ciudades santuario, gobernadas principalmente por demócratas, continúan resistiéndose a cooperar con ICE, lo que dificulta las operaciones de detención y deportación.
A pesar de estos desafíos, la administración Trump ha implementado medidas inusuales, como el uso de aviones militares para deportaciones y acuerdos con países como Guatemala, El Salvador y Panamá para recibir a deportados de otras nacionalidades. Sin embargo, estas acciones no han sido suficientes para alcanzar las cifras prometidas durante la campaña electoral.
Expertos en migración, como Rafael Borrás, abogado especializado, coinciden en que la retórica agresiva de Trump choca con la realidad de un sistema migratorio complejo y sobrecargado. "La ejecución masiva de deportaciones es mucho más difícil de lo que pensó", señaló Borrás.
Mientras tanto, organizaciones de defensa de los migrantes advierten que el enfoque en la deportación no aborda los problemas de fondo, como la acumulación de casos migratorios pendientes y la necesidad de una reforma integral del sistema.
