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Trabajadores del PJF continuarán en paro de labores; exigen al gobierno acatar amparos

Concluyeron que no existen condiciones para levantar la suspensión de labores que iniciaron desde el pasado 19 de agosto.

Daño social por el paro del Poder Judicial.

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Trabajadores del Poder Judicial continuarán en paro de labores y exigieron al gobierno federal cumplir con las suspensiones que frenan la reforma judicial.

Representantes de los 32 circuitos del Poder Judicial de la Federación (PJF) notificaron al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) esta decisión que fue entregada por el grupo "32 circuitos unidos" este 2 de octubre a las 12:27 horas en la Oficialía de Partes del CJF.

En ella señalan que, por unanimidad, concluyeron que no existen condiciones para levantar la suspensión de labores que iniciaron desde el pasado 19 de agosto.

Solicitaron al CJF reconocer y autorizar la suspensión de plazos y términos legales por tiempo indefinido en los juzgados y tribunales federales del país hasta que existan condiciones para reingresar a laborar con regularidad.

También exigieron al Consejo emitir los acuerdos necesarios para garantizar a todos los trabajadores la basificación de las plazas, sus prestaciones, sueldos, compensaciones, seguros, bonos y condiciones generales de trabajo así como su progresión y mejora salarial.

Pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum y al Poder Legislativo abrir un canal de diálogo para mejorar la impartición de justicia y garantizar la carrera judicial.

“Se cumpla por parte de las autoridades señaladas como responsables con las suspensiones definitivas dictadas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, respecto de la implementación de la reforma al Poder Judicial Federal”, señala el escrito presentado ante el Consejo.

Advirtieron que la duración del paro depende de la voluntad de las autoridades a cumplir con las peticiones antes mencionadas.

“Desde nuestra parte siempre existirá apertura al diálogo civilizado y respetuoso, no obstante que ejerzamos nuestro derecho a la manifestación civil y pacífica por la inconformidad de no haber sido escuchados por los poderes de la Unión previo a las decisiones que impactan negativamente nuestras vidas y la del pueblo mexicano”, enfatizaron.

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