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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la lesiva prisión preventiva oficiosa con el argumento de que “no quiere decir (que es) un régimen de excepción”.
La prisión preventiva oficiosa es una pena carcelaria adelantada porque en esa etapa aún ningún juez determina la culpabilidad del inculpado como señala la Constitución. La imposición de la prisión preventiva causa daños graves e irreparables a la dignidad de personas que han sido acusados falsamente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado y pedido a México la no aplicación de la prisión preventiva porque lesiona los derechos humanos.
Pese a todo, la presidenta de México defiende esta medida con los sofismas más reprobables. En su conferencia de este intentó justificar que hay ciertos delitos, ya definidos en la Constitución, para los cuales, “si se llevan suficientes pruebas del ministerio público a un juez, y un juez otorga una orden de aprehensión”, el presunto delincuente permanecerá en un centro de detención.
Claudia Sheinbaum parte en su argumento desde la presunción de culpabilidad y no desde la presunción de inocencia para justificar esta medida lesiva.
Con estos argumentos retóricos, dice que “eso no quiere decir que se detiene a alguien por el sólo hecho de supone que es un delincuente” y reiteró que se requiere para ello la presentación de las pruebas suficientes.
Sólo en los casos de prisión preventiva justificada, es la facultad de los jueces decidir la medida que se tomará.
Consultada en su conferencia de prensa matutina sobre la detención del presidente municipal de Frontera Comalapa, Chiapas, José Antonio Villatoro Herrera, aprehendido por su presunta relación con el crimen organizado, expuso que es una acción realizada por la fiscalía de esa entidad que tiene que ver con una estrategia de cero impunidad.
Y al referir a los operativos emprendidos de este tipo en el estado de México, dijo que las detenciones se desprenden de investigaciones.
En tanto, luego de que el fin de semana señaló que habrá mayor coordinación en materia de seguridad con las autoridades de Morelos, este lunes indicó que se trata de un estado “muy especial, porque todavía tiene el fiscal que sigue ahí, que es un fiscal que tiene órdenes de aprehensión, nada más que en su momento lo defendió el propio Congreso de Morelos, pero su proceso se deberá resolver en algún momento”.
Apuntó que la coordinación con las distintas entidades se realiza “poco a poco, ya que no es de la noche a la mañana. Coordinación no quiere decir nada más hablarse por teléfono, sino construir estrategias de atención a la seguridad y procuración de justicia”.
