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El Senado de la República aprobó, con mayoría de votos de Morena y sus aliados del Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial. Las normativas avaladas incluyen la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En el caso de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se establecen disposiciones para la estructura, integración, funcionamiento y competencias de órganos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los Plenos Regionales, los Tribunales Colegiados de Circuito, y los Juzgados de Distrito, entre otros.
El Consejo de la Judicatura Federal se transforma en el Órgano de Administración Judicial, con facultades para gestionar recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos, además de velar por el cumplimiento de normas administrativas. También se crearán órganos auxiliares, como la Escuela Nacional de Formación Judicial y el Instituto Federal de la Defensoría Pública.
Respecto a la Ley de Carrera Judicial, que contó con votos en contra del PAN, PRI y PRD, se regulan los procesos de ingreso, evaluación, permanencia y promoción del personal de carrera. La normativa busca garantizar la igualdad de oportunidades y mérito, además de incluir disposiciones contra el nepotismo mediante un nuevo Título Tercero.
En cuanto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se incorporaron figuras como los Tribunales de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial. Se amplía el alcance de las obligaciones para servidores públicos, incluyendo una conducción austera, uso racional de recursos públicos y la obligación de informar sobre su situación patrimonial, considerando también aspectos de sociedades de convivencia.
La oposición argumentó que estas reformas podrían centralizar demasiado el control administrativo del Poder Judicial, mientras que el bloque oficialista destacó que buscan mayor eficiencia y transparencia en la administración de justicia.
