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El Gobierno de México iniciará una revisión integral de las agencias aduaneras del país como parte de un operativo nacional contra el contrabando de mercancías, principalmente provenientes de Asia, anunció el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
La medida se da tras el decomiso de más de 262,000 productos ilegales en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Entre los artículos incautados se encuentran textiles, accesorios y otros bienes originarios de países como China, Bangladesh, Malasia, Vietnam e Indonesia. Estas mercancías no contaban con la documentación legal ni etiquetado en español, incumpliendo las normativas mexicanas.
Ebrard destacó que el contrabando genera desventajas competitivas para la industria y el comercio formal en México. “No podemos exigir a nuestras empresas cumplir con la ley mientras se permite la entrada de productos que violan todas las normativas”, declaró.
Además, el titular de Economía informó que se iniciará el proceso de extinción de dominio sobre los inmuebles donde se almacenaba la mercancía ilegal. Esta medida busca desincentivar el uso de locales para actividades ilícitas. “No se puede rentar un espacio a la delincuencia sin asumir responsabilidad. Eso ya no puede ocurrir”, puntualizó.
El destino de las mercancías decomisadas será su destrucción, como parte de una política para enviar un mensaje contundente contra estas prácticas. “Si traes mercancía ilegal, la vamos a destruir. Es pérdida total”, aseguró Ebrard.
A partir de la próxima semana, el gobierno investigará las agencias aduanales que facilitaron la entrada de los productos ilegales al país. “No es sólo recoger la mercancía; también debemos identificar cuál fue la aduana y el agente aduanal involucrado. Si una agencia participa en estos actos, también es parte del negocio”, afirmó.
El funcionario también mencionó la necesidad de regular plataformas digitales que facilitan la venta de productos sin declarar. Aunque reconoció que estas actividades no siempre son ilegales, Ebrard señaló que es importante cerrar lagunas legales que puedan fomentar el contrabando.
Ebrard descartó que esta operación esté vinculada a presiones internacionales, como las del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y atribuyó el problema a actores locales. Finalmente, llamó a la ciudadanía a evitar la compra de productos de contrabando, subrayando el daño que estas prácticas generan al empleo y la economía formal del país.
