Table of Contents
El Poder Ejecutivo publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las modificaciones, que entrarán en vigor este 14 de marzo, incluyen el uso de lenguaje inclusivo y ajustes en la integración y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Entre los cambios más destacados se encuentra la sustitución de términos como "quejoso" por "persona quejosa" o "persona tercera interesada", con el objetivo de adoptar un lenguaje más inclusivo. Además, se establece que la SCJN operará con nueve integrantes en lugar de los 11 ministros que la conformaban anteriormente. Sin embargo, esta reducción no será efectiva de manera inmediata, ya que los nuevos ministros tomarán protesta ante el Senado de la República el 1 de septiembre de 2025. Hasta entonces, la Corte se regirá por las reglas de votación previas a esta reforma.
El decreto también introduce cambios en la estructura judicial, al sustituir el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por el Órgano de Administración Judicial. Asimismo, se reemplaza el Código Federal de Procedimientos Civiles por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Otra modificación relevante es la derogación del artículo 223, así como de las fracciones I del artículo 226 y I del artículo 227 de la Ley de Amparo. Además, se establece la improcedencia del juicio de amparo contra el Órgano de Administración Judicial y contra el Tribunal de Disciplina Judicial.
Finalmente, el decreto sustituye la referencia al salario mínimo general por la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en los aspectos relacionados con la Ley de Amparo.
Estas reformas fueron aprobadas por el Senado de la República en diciembre de 2024, como parte de un esfuerzo por modernizar y armonizar el marco jurídico mexicano. Su implementación busca fortalecer el sistema de justicia y garantizar un acceso más equitativo a los mecanismos de defensa legal.
