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La diputada Patricia Doroteo Calderón, a nombre de la Comisión de Protección Civil, presentó una iniciativa de Ley Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero, que establece las bases de coordinación y colaboración en la materia entre el estado y los municipios, la federación, otras entidades federativas y los organismos e instituciones del sector público, privado, social y educativo.
Un boletín refirió que al exponer los motivos de la propuesta, la también presidenta del citado órgano legislativo que integran el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón y las diputadas María Flores Maldonado, Hilda Jennifer Ponce Mendoza y Nora Yanek Velázquez Martínez, explicó que lo que se pretende es crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para hacer frente a los agentes perturbadores y situaciones de emergencia o desastres en la entidad.
Añadió que esta nueva ley cuenta con 264 artículos y 11 transitorios, en los que se incorporaron las propuestas presentadas por académicos, investigadores, colegios de ingenieros, arquitectos, directores municipales de protección civil y público general que participaron en el Foro Estatal de Protección Civil, realizado por la citada comisión ordinaria del Congreso en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado, la Coordinación de Vinculación de la Unidad Académica Regional de Educación Superior Zona Centro, Campus Zumpango de la Universidad Autónoma de Guerrero, y las Unidades Municipales de Protección Civil.
Abundó que este trabajo coordinado era necesario debido a que en los últimos años se han registrado en la entidad acontecimientos naturales de gran impacto, como huracanes, sismos, deslizamientos de laderas, inundaciones y vientos fuertes como consecuencia del cambio climático.
Ante ello, consideró imperante la necesidad de adecuar y armonizar nuestro marco normativo local, a fin de que la gestión integral de riesgos se materialice como instrumento de planeación del estado y los municipios, para garantizar la integridad física de la población.
Especificó, asimismo, que la ley en comento contempla una política pública en materia de gestión integral de riesgos y protección civil que se ajusta al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil, teniendo como eje rector el fortalecimiento de los sistemas estatal y municipales para su óptimo y eficaz funcionamiento ante la ocurrencia de desastres o siniestros, considerando en todo momento el respeto al medio ambiente, el uso de nuevas tecnologías e inteligencia artificial.
De la misma forma, el ordenamiento contempla el establecimiento de la Escuela de Protección Civil, el Centro Estatal de Investigación para Prevención y Mitigación de Desastres, la Red Estatal de Evaluadores y el fortalecimiento de los grupos voluntarios, estableciendo el financiamiento y donativos adecuados para la prevención y respuesta a las emergencias, así como los procedimientos y sanciones enfocados al cumplimiento de la normatividad en la materia.
