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La diputada Araceli Ocampo Manzanares, del partido Morena, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Guerrero con el objetivo de incrementar las penas por matrimonio infantil y cohabitación forzada. La propuesta contempla sanciones más severas, que podrían aumentar hasta la mitad si las víctimas pertenecen a comunidades indígenas o afromexicanas.
La iniciativa, que actualmente es analizada por la Comisión de Justicia, responde a la alta prevalencia de esta práctica en Guerrero, una de las entidades con mayores índices de matrimonio infantil en el país. Según la legisladora, estas uniones afectan especialmente a niñas, perpetuando ciclos de pobreza, desigualdad y exclusión social.
La diputada destacó las consecuencias negativas asociadas al matrimonio infantil, como la interrupción del acceso a la educación, complicaciones de salud relacionadas con embarazos prematuros e incluso mortalidad materna, además de contribuir al aumento de casos de violencia doméstica.
La reforma propuesta adicionaría un párrafo al artículo 177 Bis del Código Penal del estado, imponiendo penas de 5 a 15 años de prisión para quienes coaccionen a menores de 18 años a contraer matrimonio o vivir en cohabitación. Asimismo, las personas que induzcan a estas uniones enfrentarían penas de 3 a 10 años de prisión, con agravantes si las víctimas pertenecen a pueblos indígenas o afromexicanos.
Ocampo Manzanares subrayó que la iniciativa no busca ir en contra de las costumbres de las comunidades, sino garantizar la protección de los derechos de las niñas y adolescentes. "En Guerrero, la niñez es intocable, y su bienestar no será negociable", afirmó, al tiempo que señaló la importancia de enviar un mensaje claro sobre el compromiso del estado para combatir esta problemática.
La propuesta forma parte de los esfuerzos por reforzar el marco jurídico estatal y erradicar prácticas que vulneran los derechos humanos, especialmente de las niñas y adolescentes.
