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La diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena) presentó una iniciativa para reformar la Ley Registral del Estado de Guerrero, con el objetivo de establecer delegaciones del Registro Público de la Propiedad en ocho regiones estratégicas. La propuesta busca garantizar el acceso a servicios registrales en Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo, Coyuca de Catalán, Iguala, Ometepec, Tlapa de Comonfort y Atoyac de Álvarez.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia del Congreso local, argumenta que la centralización actual del servicio en la capital del estado genera barreras económicas y geográficas para aproximadamente el 70% de la población guerrerense que habita en zonas rurales. Según el planteamiento, los traslados para realizar trámites registrales representan gastos promedio de 1,500 a 3,000 pesos por persona, considerando transporte, alimentación y en muchos casos hospedaje.
El proyecto destaca que el 58% de los conflictos agrarios en Guerrero están relacionados con la falta de documentación formal de propiedades. Asimismo, señala que el 82% de las solicitudes de crédito para vivienda y desarrollo productivo en comunidades indígenas son rechazadas por carecer de títulos de propiedad registrados.
De aprobarse, el Ejecutivo estatal tendría un plazo de doce meses para realizar estudios técnicos y financieros que permitan la implementación gradual de las delegaciones regionales. La Secretaría de Finanzas deberá presentar un programa detallado en un máximo de ocho meses.
La reforma al artículo 2 de la Ley 833 Registral contempla que las nuevas oficinas atenderían principalmente a los 45 municipios con mayor marginación del estado, donde actualmente solo el 23% de las propiedades cuenta con registro formal. Entre los beneficios esperados se menciona la reducción de hasta 40% en los tiempos de trámite y un ahorro promedio del 75% en costos para los usuarios.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) citados en la iniciativa revelan que Guerrero ocupa el cuarto lugar nacional en conflictos por límites territoriales no delimitados, con 127 casos registrados en los últimos tres años. Además, el 68% de las transacciones inmobiliarias en zonas rurales se realizan sin respaldo registral.
La diputada Ocampo Manzanares destacó que esta medida podría impactar positivamente en el acceso a programas sociales, ya que el 60% de estos requieren comprobante de domicilio registrado. También mencionó que facilitaría la ejecución de proyectos de infraestructura básica, actualmente retrasados en un 35% por problemas de regularización de terrenos.
La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la seguridad jurídica en el estado, donde según el Registro Agrario Nacional, existen más de 1,200 núcleos agrarios con procesos de regularización pendientes. De ser aprobada, Guerrero se convertiría en el séptimo estado del país en contar con un sistema registral descentralizado.
Según la propuesta, medidas similares en otros estados han demostrado un incremento del 30% en la regularización de propiedades durante los primeros dos años de implementación. Sin embargo, advirtieron sobre la necesidad de asignar un presupuesto específico para la operación de las delegaciones, aspecto que la iniciativa deja a consideración del Ejecutivo estatal.
El análisis de la propuesta en comisiones legislativas comenzará la próxima semana, con la participación de representantes del Colegio de Notarios, cámaras inmobiliarias y organizaciones de la sociedad civil. Se espera que el dictamen correspondiente sea presentado ante el pleno durante el presente periodo ordinario de sesiones.
