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El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la reforma judicial será discutida y votada en la primera semana de septiembre, sin acortar etapas del proceso legislativo establecido.
Monreal señaló que no se eliminarán ni dispensarán procedimientos en la discusión de la reforma, asegurando que se respetará el marco legal.
"No vamos a abreviar ningún proceso que esté en la ley, que esté en el reglamento, vamos a cumplir estrictamente con el procedimiento formal”, remarcó.
Monreal explicó que el 1 de septiembre se llevarán a cabo dos sesiones en el Congreso: una de instalación del Congreso general y otra ordinaria para la presentación de la iniciativa con la declaratoria de publicidad.
El coordinador morenista aclaró que, aunque se inicie la discusión ese día, el debate y la votación podrían extenderse por dos días, sin acelerar el proceso para cumplir con la ley y el reglamento.
"No queremos ahorrar etapas procesales ni votarlas por mayoría para dispensarlas; queremos que haya una discusión plena," señaló Monreal en declaraciones a medios de comunicación. "Es la primera reforma que habremos de discutir, y esperamos que quede aprobada en la primera semana de septiembre."
Monreal también mencionó que se está considerando formar un grupo de trabajo para analizar el dictamen de la reforma judicial, que ya se encuentra en la Mesa Directiva. No se ha especificado si se realizarán modificaciones adicionales al dictamen.
En cuanto a otras reformas previstas para el mes de septiembre, Monreal indicó que se votará la reforma que coloca a la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la que aborda el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios.
En contraste, la reforma para extinguir siete órganos autónomos aún no tiene fecha de discusión, y la reforma electoral fue desechada por no haber sido dictaminada a tiempo.
Monreal aseguró que la distribución de comisiones en el Congreso será equitativa y proporcional al peso de cada bancada, rechazando cualquier "apropiación indebida" de los órganos de gobierno, comisiones o secretarías por parte de su grupo parlamentario.
