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Marco Antonio Suástegui Muñoz, histórico dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), falleció este viernes tras permanecer ocho días hospitalizado por múltiples heridas de bala. El ataque ocurrió el 18 de abril en playa Icacos, donde el activista también lideraba a prestadores de servicios turísticos.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan confirmó el deceso y exigió una investigación exhaustiva: "Lamentamos el asesinato de uno de los luchadores más importantes de Guerrero. Exigimos castigo a los responsables", señaló la organización en un comunicado.
Suástegui recibió tres impactos de bala -en abdomen, hombro y tórax- cuando salía de su área de trabajo. Familiares lo trasladaron en su propia camioneta a un hospital privado de la avenida Costera, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.
El exgobernador interino Rogelio Ortega expresó su indignación: "Con gran malestar y coraje, exijo a las autoridades que no quede impune este terrible crimen político de odio, clasista y racial", escribió en redes sociales, donde calificó el hecho como un "artero ataque".
El activista, reconocido por su oposición al proyecto hidroeléctrico La Parota desde 2003, había ampliado recientemente su labor a la defensa de los prestadores de servicios turísticos en Icacos. Cerca de 100 organizaciones sociales han exigido justicia por el crimen, mientras autoridades mantienen un operativo de seguridad en el hospital donde ocurrió el deceso.
El subsecretario de Desarrollo Político y Social del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, había descartado inicialmente que el ataque estuviera relacionado con su activismo. Sin embargo, organismos defensores de derechos humanos señalan que Suástegui enfrentaba constantes amenazas por su labor.
El CECOP, bajo el liderazgo de Suástegui, logró en 2007 una suspensión definitiva del proyecto La Parota mediante recursos legales, argumentando violaciones a los derechos de las comunidades. Su lucha se convirtió en referente nacional de resistencia contra megaproyectos.
El cuerpo del activista será velado en su comunidad de origen, mientras organizaciones sociales preparan movilizaciones para exigir justicia. La Fiscalía General del Estado no ha emitido declaraciones sobre avances en la investigación ni posibles líneas de indagatoria.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había otorgado en 2015 medidas cautelares a Suástegui y otros integrantes del CECOP por el riesgo que enfrentaban, sin que el gobierno mexicano implementara protecciones efectivas, según denunciaron organizaciones locales.
