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El gobierno de Evelyn Salgado Pineda analiza una iniciativa de reforma a la Ley de Propiedad en Condominio para el Estado de Guerrero, para la rehabilitación de inmuebles en la zona Diamante de Acapulco.
Lo anterior lo reveló el titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, Jorge Salgado Parra, quien especificó que, ya está en análisis la propuesta derivado de las afectaciones que dejó Otis en octubre de 2023, tras impactar como huracán en categoría 5.
La finalidad de la reforma a la Ley, es que existan las posibilidades “de que los privados y las empresas públicas” puedan participar en la rehabilitación de los edificios afectados y que se encuentran en abandono por sus propietarios, explicó.
Otro de los puntos a considerar, aseguró Salgado Parra, que con la iniciativa que analiza el gobierno de Guerrero presentar al Congreso Local -sin precisar fecha-, se trata de dar “una nueva vida turística a esa parte de Acapulco Diamante” y los dueños retornen a los edificios.
Refirió que, el Ejecutivo estatal, por ahora, analiza la reforma a la Ley de Propiedad en Condominio, además, recordó que, presentó al Poder Legislativo la iniciativa de reforma judicial local, y recientemente la Ley Camila, así como otras reformas que la gobernadora, Evelyn Salgado tiene en puerta poder replicar.
El consejero Jurídico, Jorge Salgado Parra, afirmó que, para incentivar la inversión en Guerrero, se implementa “la llave única” que permitirá que las empresas privadas puedan accesar a diversos beneficios del gobierno federal y estatal.
Para tal efecto, indicó es necesario rehabilitar el Registro Único de la Propiedad y el Comercio, mudándolo a la digitalización, así como el Registro Civil, entre otros temas como la Procuraduría Ecológica en Guerrero para su modificación, y la Semarnat, acciones con las que también se atenderá a los empresarios locales.
Hace una semana afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) lamentaban que la inversión privada e inmobiliaria en la entidad había un decremento por la inseguridad y por la “disminución” de la implementación de la Ley 883 Registral para el Estado que consiste en inscribir y consultar información sobre bienes inmuebles.
