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El Senado aprobó la reforma constitucional para consolidar a la Guardia Nacional como "una fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, dependiente del ramo de Defensa Nacional".
A escasa una semana de que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje su mandato, los legisladores de Morena avalaron la medida que ha sido cuestionada por el riesgo de militarización en el país.
La iniciativa fue aprobada 86 votos a favor y 42 en contra y forma parte de un paquete de leyes propuestas en febrero por el mandatario, que incluyó la reforma judicial que aprobó hace dos semanas la mayoría oficialista del Congreso con el respaldo de sus aliados en medio de protestas de jueces y empleados judiciales.
La propuesta de reforma del presidente López Obrador prevé la transferencia de recursos presupuestarios y financieros de la GN a la Sedena, para cubrir el pago por concepto de servicios personales de la última plantilla general de plazas aprobada a la extinta Policía Federal y de confianza.
La iniciativa también propone la designación del titular de la Comandancia de la GN, estará a cargo por el titular del Ejecutivo a propuesta del secretario de la Defensa.
El cuerpo de seguridad tendrá la facultad de investigación de delitos, en el ámbito de su competencia.
En lo general, la asamblea respaldó sin cambios la minuta que envió la Cámara de Diputados, con 86 votos de Morena, PT, PVEM y uno del senador Miguel Ángel Yunes Márquez; y 42 en contra del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, por lo que alcanzó la mayoría calificada que se requiere para su aprobación.
Defensa y condena
Durante el debate nocturno, la oposición reiteró que el pase de la Guardia Nacional es una militarización al país y que no resolverá de fondo el tema de inseguridad en el país, por su parte Morena defendió la propuesta argumentando que es necesaria para complementar la seguridad de México.
Previamente, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron votos particulares en contra del dictamen, porque consideraron que “la estrategia de militarizar la seguridad pública ha sido un absoluto fracaso en nuestro país”.
Ricardo Anaya Cortés, de Acción Nacional, subrayó que, con el arranque de la militarización, en el sexenio de Felipe Calderón, se disparó el número de homicidios y alcanzó 120 mil casos; estrategia que continuó con Enrique Peña Nieto y provocó alrededor de 160 mil muertes violentas; y con el presidente Andrés López Obrador cerrará el sexenio con más de 200 mil homicidios, lo que evidencia lo fallido de este esquema.
En este apartado defendieron la reforma legisladores de Morena y del Partido del Trabajo, al considerar que dará paso a un modelo de seguridad efectivo, que combine las capacidades operativas y la disciplina militar, con el enfoque de los derechos humanos de las instituciones civiles.
Omar García Harfuch, próximo titular del Secretaria de Pública en el gabinete de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que es necesaria la GN para complementar la estrategia Nacional de Seguridad.
“Con esta reforma la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) utilizará su fortaleza institucional, la cual es crucial para el desarrollo, consolidación y permanencia de la Guardia Nacional, sin importar los cambios de administración, el hecho de que la GN se desarrolle dentro de la Sedena, implica que, sin importar el partido en el gobierno, son instituciones transeccionales que continuarán desarrollándose, consolidándose y fortaleciéndose…
A las críticas se sumaron también Amnistía Internacional y organizaciones locales como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que expresó que la reforma “será un paso sin retorno hacia la militarización” y eliminará la “garantía orgánica” que obliga a que las instituciones de seguridad pública sea de carácter civil.
El Centro Prodh mostró su preocupación por la ausencia de controles civiles externos y extraordinarios de la actuación de los uniformados en las labores de seguridad pública, como acordó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
