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El exgobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, compareció ante un juez de control para responder a las acusaciones de ejercicio abusivo de funciones.
Graco, es un gobernador con muchos señalamientos de corrupción, además de dejar crecer el crimen organizado en Morelos, sin embargo, sigue impune y sólo fue acusado por la autorización de un supuesto crédito ilegal por 600 mil pesos que se utilizó para la adquisición de una camioneta Chevrolet Traverse en los últimos días de su mandato, según los señalamientos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).
Durante la audiencia, presidida por el juez César Augusto Galán Delgado, se ordenó un receso para analizar los elementos presentados por la Fiscalía. Sin embargo, ésta decidió retirar la solicitud de vinculación a proceso, argumentando la recepción de nueva evidencia presentada por la defensa, la cual será evaluada para determinar los pasos legales a seguir.
Más tarde se difundió que, presuntamente, la directora del Instituto de Crédito para los Trabajadores de Morelos decidió desistirse del recurso que impugnaba la sentencia que había exonerado al exgobernador.
La defensa de Ramírez también intentó cerrar la causa penal JC/292/2021 mediante una solicitud de sobreseimiento, alegando falta de pruebas suficientes. No obstante, el juez rechazó la petición, al considerar que el procedimiento no se encontraba en la etapa adecuada para tal resolución.
Al finalizar la audiencia, Graco Ramírez declaró a los medios: “No he cometido delito alguno y lo demostraré. Aquí estoy, cumpliendo con la ley”. Más tarde, a través de sus redes sociales, reiteró: “Hoy me presenté ante un juez por un crédito otorgado por el @ICTSGEM que ya fue saldado. No hay lugar a la vinculación a proceso. Todo dentro de la Ley”.
El crédito en cuestión, autorizado el 21 de septiembre de 2018, fue avalado por el entonces secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, bajo el argumento de que era un derecho laboral del gobernador saliente. Según el gobierno estatal de ese periodo, la solicitud respondía a que Ramírez no recibiría pensión ni jubilación al concluir su administración, justificando la operación conforme a las condiciones del contrato firmado.
Aunque, por ahora, Graco Ramírez logró evadir la vinculación a proceso, la Fiscalía evalúa los nuevos elementos para definir el rumbo del caso en los próximos días. (Con información de aristeguinoticias.com)
