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El Ejecutivo federal envió al Congreso una propuesta de reforma constitucional para prohibir la siembra y cultivo de maíz transgénico en México. La iniciativa, entregada al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, busca modificar los artículos 4 y 27 de la Constitución con el objetivo de proteger los maíces nativos y fomentar prácticas agroecológicas.
De acuerdo con el proyecto, el maíz es considerado “un elemento de identidad nacional”, por lo que su cultivo deberá realizarse sin el uso de organismos genéticamente modificados. La reforma establece que “el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, fomentando actividades agropecuarias libres de transgénicos”.
En la exposición de motivos, la iniciativa señala que la Constitución consagra el derecho a un medio ambiente sano, así como la obligación del Estado de preservar el equilibrio ecológico y garantizar una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Además, subraya que el uso sostenible de los recursos naturales debe estar orientado a proteger la biodiversidad y a garantizar su disponibilidad para las generaciones futuras.
El documento destaca que países como Alemania e Italia ya prohíben el cultivo de maíz transgénico. También recalca que los maíces nativos de México tienen un valor estratégico y cultural, pues han sido cultivados y conservados durante al menos ocho mil años. Según el proyecto, el maíz representa una fuente importante de proteínas, calorías y calcio en la dieta diaria de los mexicanos.
De ser aprobada, la reforma al artículo 4° señalará que “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad” y que el maíz, como elemento de identidad nacional, deberá ser cultivado sin transgénicos y con enfoque agroecológico. Por su parte, el artículo 27, fracción XX, promoverá el desarrollo rural libre de semillas y cultivos transgénicos, priorizando obras de infraestructura, créditos y capacitación técnica para garantizar el bienestar de las comunidades campesinas.
La iniciativa será discutida en ambas cámaras del Congreso en febrero, donde se analizará su impacto en la producción agrícola, la protección de la biodiversidad y los derechos de los agricultores.
