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El Gobierno de México anunció un nuevo programa para garantizar que los productos agroexportadores cumplan con estándares ambientales y laborales, con el objetivo de proteger los recursos naturales y asegurar los derechos de los trabajadores del campo. La iniciativa, que comenzará con la cadena productiva del aguacate y se extenderá progresivamente a otros cultivos, busca posicionar al país como un referente mundial en la producción y comercialización sustentable de alimentos.
El programa será implementado de manera coordinada por las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), del Trabajo y Previsión Social (STPS), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Su enfoque principal es asegurar que las agroexportaciones mexicanas cumplan con la legislación laboral, ambiental y fitozoosanitaria, promoviendo prácticas libres de deforestación y el uso responsable de los recursos naturales.
El programa iniciará con la cadena productiva del aguacate, uno de los principales productos de exportación de México, pero que enfrenta desafíos como la deforestación y la informalidad laboral. Según datos de SEMARNAT, entre 2018 y 2024 se identificaron alrededor de 20,000 hectáreas deforestadas para establecer huertas de aguacate, muchas de ellas mediante incendios provocados. Además, se destacó que un árbol de aguacate consume el equivalente al agua de 14 pinos, lo que representa una alta demanda hídrica.
Julio Berdegué, secretario de Agricultura, señaló que esta iniciativa responde a las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum para promover la prosperidad compartida con inclusión social y sostenibilidad ambiental. “El aguacate es un producto emblemático, pero debemos asegurar que su producción sea sustentable y justa”, afirmó.
Marath Bolaños, secretario del Trabajo, explicó que el programa se basará en el Sistema de Acreditación de Buenas Prácticas Laborales y Trabajo Digno de la STPS, que incluye el Programa de Verificación Laboral Voluntaria (Velavo) y el Programa de Autogestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (PAST). Estos mecanismos permitirán a las empresas agroexportadoras demostrar el cumplimiento de las normativas laborales y ambientales.
Por su parte, Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente, propuso la creación de un mapa de cobertura forestal con línea base en 2018 para monitorear la compatibilidad de las actividades agroexportadoras con la conservación ambiental. “Es crucial integrar criterios como la reducción de la deforestación, el uso responsable del agua y la disminución de agroquímicos”, destacó.
Zoé Robledo, director del IMSS, reiteró el compromiso de garantizar la formalidad laboral y la seguridad social para los jornaleros agrícolas, en línea con el compromiso 63 de la presidenta Sheinbaum. “El IMSS ha trabajado en diálogo con productores y trabajadores para asegurar que tengan acceso a atención médica, pensiones y otros beneficios”, afirmó.
Como parte de estas acciones, en mayo de 2024 se inauguró un nuevo hospital de 90 camas en Michoacán, con una inversión de más de 1,100 millones de pesos, para brindar atención médica a los trabajadores del campo y sus familias.
