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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno determinó anular en su totalidad el proceso de licitación pública internacional para la adquisición de medicamentos, insumos médicos y material de curación correspondiente al periodo 2025-2026, tras detectar irregularidades por parte de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex).
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que “cambiamos a los servidores públicos de Birmex, porque mientras se hace la investigación (del caso) no pueden seguir ahí”.
“Todos los que estuvieron involucrados sea directa o indirectamente con este proceso que no fue claro y que hubo colusión con algunas empresas privadas de las farmacéuticas, pues fueron separados de su cargo”, señaló.
“Fueron cerca de cinco o seis y hay un nuevo equipo en este momento en Birmex y se está trabajando conjuntamente Secretaría Anticorrupción, Secretaría de Salud y el nuevo equipo de Birmex”, indicó.
Sheinbaum reconoció el trabajo de la titular de Anticorrupción, Raquel Buenrostro, por evitar este acto de corrupción.
“Raquel (Buenrostro) está haciendo un excelente trabajo, porque no se consumó la compra a sobreprecio, se paró antes de eso, no se están comprando medicamentos a sobreprecio, y eso es muy importante, porque hay mucho poder en muchas de las empresas farmacéuticas”, refirió.
“No vamos a permitir ninguna colusión con algún funcionario y Raquel está garantizando que no haya corrupción”, enfatizó.
Entre los funcionarios removidos se encuentran el director general de Birmex y otros miembros directivos.
“Fue el director general, directora administrativa, director de logística, director de planeación y varios funcionarios que estaban abajo. Algunos de ellos tenían ya mucho tiempo en Birmex, desde antes incluso de que llegara el presidente López Obrador, muchas personas que trabajaban ahí”, declaró.
“Nosotros decidimos mover a todo el equipo directivo porque no puede estar la investigación y ellos ahí, pues tienen que moverse. Y, ya cuando venga la investigación, pues ya sabremos quiénes estuvieron de responsables o una responsabilidad indirecta por no haber revisado cómo venía el proceso”, explicó.
Expuso que el procedimiento licitatorio estuvo “viciado de origen”, por lo que será necesario reiniciarlo. Esto incluye la cancelación de los contratos que ya se hubieran asignado como parte de esta licitación.
¿Compra fantasma o fraude?
La Secretaría de Salud federal informó este 9 de abril que se “emitió la resolución de declarar la nulidad del procedimiento de licitación de medicamentos”, luego de que fueran comprobados adquisiciones de claves a sobreprecio además de identificarse indicios de corrupción.
En un comunicado, la dependencia “el día de ayer, martes 8 de abril de 2025, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, emitió la resolución de la intervención de oficio declarando la nulidad del procedimiento de licitación de medicamentos”.
La resolución de determinó anular en su totalidad el proceso de licitación pública internacional para la adquisición de medicamentos, fue notificada formalmente a Birmex, responsable de la convocatoria, por lo que este deberá acatar la resolución antes del lunes 21 de abril, plazo que contempla los días inhábiles por Semana Santa.
“En la misma fecha, dicha resolución fue notificada a Birmex, en su calidad de entidad convocante. Birmex tiene hasta el lunes 21 de abril para cumplir con la resolución, sumando los plazos legales con los días inhábiles de Semana Santa”, señala el documento.
A pesar de la anulación, la Secretaría de Salud asegura que no habrá afectación en el suministro de medicamentos.
“Es importante mencionar que, con las órdenes de suministro ya emitidas, se garantiza el abasto medicamentos, y tenemos plazo suficiente para la entrada en vigor de los nuevos contratos”, garantizó la Secretaría de Salud en la Tarjeta Informativa sobre la “Nulidad del procedimiento de licitación de medicamentos”.
Agregó que las órdenes de compra previamente emitidas seguirán vigentes y serán respetadas por las instituciones de salud, y se cubrirán los pagos correspondientes a los productos ya entregados
Asimismo, se garantizará el respeto a los derechos de las empresas que habían sido adjudicadas y en ciertos casos continuarán con la proveeduría mediante contratación directa.
“Los derechos de las empresas que ya fueron adjudicadas serán respetados. Las instituciones pagarán todo lo que ya hayan ordenado y recibido. En los casos donde no existe sobreprecio, se readjudicara por asignación directa al proveedor que había presentado propuesta y a quien se le había adjudicado para continuar con el abasto”, se dio a conocer.
Mientras que para las claves en las que se identificó un sobreprecio, se realizará una subasta con los participantes en la licitación, incluyendo quien ganó a sobre costo, y se determinará el nuevo adjudicado.
“Es importante aclarar que todos los insumos y medicamentos recibidos, así como todo lo que se ha pedido a la fecha, serán recibidos y pagados, tal y como lo establece la ley”, subrayó la Secretaría de Salud.
El dictamen —contenido en el documento UCP/233/DGCSCP/367/2025— expone las conclusiones de la revisión realizada por la Unidad de Contrataciones Públicas.
Entre las fallas detectadas se incluyen la ausencia de un estudio de mercado previo, la inclusión de requisitos no contemplados por la Ley de Adquisiciones, y omisiones en la redacción de los anexos técnicos y las actas de aclaración.
Otro de los puntos señalados fue la exigencia de constancias de cumplimiento fiscal como requisito para participar, cuando estas deberían solicitarse después de la adjudicación.
Birmex explicó que su intención era agilizar el proceso, pero la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno rechazó esta justificación por contradecir el marco normativo vigente.
La Secretaría de Salud informó que este miércoles 9 de abril se llevará a cabo una reunión con representantes de la industria farmacéutica para explicar los pasos a seguir, los plazos estimados y los mecanismos de transición hacia una nueva convocatoria que, según anticipan, buscará corregir las deficiencias del proceso original y asegurar la legalidad y transparencia en la contratación pública.
