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El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, notificó al Congreso su intención de autorizar un paquete de armamento destinado a Israel por un valor de 8.000 millones de dólares. La propuesta incluye municiones para aviones de combate, helicópteros de ataque, bombas de pequeño diámetro y proyectiles de artillería, entre otros.
El acuerdo, confirmado por diversos medios, se financiará mediante las partidas de ayuda militar previamente aprobadas por el Congreso. Aunque parte de las municiones provendrán de existencias actuales, la mayoría requerirá procesos de fabricación que podrían demorar años en concretarse.
El anuncio se produce mientras la Corte Internacional de Justicia (CIJ) lleva adelante un juicio contra Israel por presuntos actos de genocidio en Gaza. La demanda, presentada por Sudáfrica en diciembre de 2023, ha sumado el respaldo de 32 países, incluidos México, Brasil, España y Colombia. La CIJ emitió medidas provisionales para proteger a la población de Gaza, aunque Israel no ha acatado dichas disposiciones.
En paralelo, la Corte Penal Internacional (CPI) también investiga posibles crímenes de guerra cometidos tanto por Israel como por Hamás. En este contexto, órdenes de captura han sido emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant. Sin embargo, la falta de mecanismos de ejecución propios limita la capacidad de estas cortes para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones.
El paquete armamentístico propuesto por Estados Unidos llega en medio de tensiones entre la administración Biden y el gobierno israelí. En mayo pasado, Washington congeló temporalmente el envío de bombas pesadas por preocupaciones sobre su uso en áreas densamente pobladas de Gaza. Asimismo, en octubre, el Departamento de Estado exigió a Israel permitir la entrada de ayuda humanitaria como condición para mantener el flujo de armamento.
A nivel interno, el Congreso estadounidense está dividido. Mientras legisladores demócratas han expresado su inquietud y proponen condicionar la asistencia militar al respeto por los derechos humanos, los republicanos mantienen un apoyo firme a la entrega de armas.
