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La madre buscadora y representante del colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco encaró a diputadas y diputados del Congreso local por no aprobar la Ley en Materia de Desaparición Forzada en Guerrero.
Momentos antes de que iniciara la sesión ordinaria de este miércoles, la representante del colectivo, Socorro Gil Guzmán, subió a la Mesa Directiva con una lona que mostraba el rostro de su hijo, Jonathan Guadalupe Romero Gil, desaparecido en 2018 por policías municipales de Acapulco.
La madre reprochó que su hijo ha sido desaparecido tres veces: la primera, por elementos de seguridad pública del citado municipio; la segunda, por la Fiscalía General del Estado (FGE); y la tercera, por el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al borrarlo del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que suma más de 100 mil víctimas.
Gil Guzmán recriminó a las diputadas y diputados la tardía aprobación de la Ley en Materia de Desaparición Forzada en la entidad.
"¿Quién de ustedes no se ha preguntado sobre las madres que buscan?, ¿quién de ustedes se ha preguntado cuál será la necesidad o por qué buscan a sus hijos?", cuestionó desde la Mesa Directiva del Poder Legislativo.
"Mi hijo no estaba haciendo nada malo. El día que se lo llevaron, estaba llegando a las canchas de la CROM, que muchos de ustedes deben conocer. A unos cuantos pasos del Zócalo de Acapulco, la patrulla cerró medio carril de la Costera Miguel Alemán para detenerlo, pero nunca llegó a la SSP", narró la madre buscadora.
Recriminó que las autoridades correspondientes no realizan las búsquedas de sus seres queridos desaparecidos y que son los familiares quienes deben hacerlo, acusando al gobierno federal y estatal de revictimización.
"El Estado es omiso, negligente e incompetente ante los casos de desaparición forzada", dijo a los diputados Socorro Gil Guzmán, representante del colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco.
Este miércoles, al menos 10 colectivos de personas no localizadas del estado sostuvieron una reunión con la diputada Araceli Ocampo Manzanares, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, como parte de la mesa de trabajo de la Ley en Materia de Desaparición Forzada, cuya aprobación ha sido aplazada por las legislaturas 62 y 63.
