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Con 492 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma al artículo 2 de la Constitución para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
La modificación establece que estas comunidades, que forman parte de la nación pluricultural y multiétnica de México, tendrán un reconocimiento pleno de sus derechos.
La reforma también contempla el derecho de las comunidades a ser consultadas de manera libre, previa, informada y de buena fe sobre cualquier medida legislativa o administrativa que pueda afectar su vida o entorno.
Además, refuerza el reconocimiento de sus sistemas normativos y su autonomía para elegir autoridades y resolver conflictos internos, en concordancia con sus tradiciones y cultura.
Uno de los puntos clave es el acceso a la justicia para personas indígenas, quienes tendrán derecho a ser asistidas por intérpretes, defensores y peritos especializados en derechos indígenas y pluralismo jurídico.
Las instituciones jurisdiccionales deberán garantizar que estas medidas sean cumplidas para asegurar una adecuada representación y defensa de las comunidades.
Durante la discusión, la diputada Irma Juan Carlos, de Morena, destacó que el reconocimiento de estas comunidades como sujetos de derecho público permitirá que tomen decisiones colectivas sobre su futuro, gestionen recursos y participen activamente en la vida pública.
Señaló que este es un avance histórico en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, tras siglos de exclusión.
Por su parte, la diputada del PAN, Genoveva Huerta, aunque votó a favor de la reforma, indicó que las condiciones de pobreza y marginación en las que viven muchos de los miembros de estas comunidades no han mejorado en los últimos años. Según señaló, más de 25 millones de personas pertenecen a estas comunidades, y muchos continúan enfrentando carencias en acceso a servicios básicos.
La reforma también incluye disposiciones para que los pueblos indígenas puedan adquirir y administrar medios de comunicación y tecnologías de la información, garantizando su derecho a la libre expresión y al acceso a nuevas herramientas tecnológicas.
Este es uno de los 20 cambios legislativos propuestos por el ejecutivo federal, que serán discutidos por el Congreso en las próximas semanas.
