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La Secretaría de Economía informó que, tras un operativo realizado en la plaza comercial ubicada en Izazaga 89, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se incautaron mercancías ilegales con un valor aproximado de 7.5 millones de pesos. En total, fueron decomisadas 262,334 piezas de productos introducidos al país sin documentación que acreditara su legalidad.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detalló que solo en un local se encontraron más de 121,000 piezas. En el local 47, ubicado en la planta baja, se decomisaron 49,860 piezas, mientras que en el local 1001, en el décimo piso, se aseguraron 121,942 piezas. En los locales del 1005 al 1009, también en el décimo piso, se encontraron 90,532 piezas. El funcionario destacó que estas mercancías cruzaron ilegalmente el territorio nacional, llegaron al Centro Histórico y eran vendidas sin ningún documento que respaldara su procedencia.
El operativo derivó en una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) para aplicar la figura de extinción de dominio sobre el inmueble en Izazaga 89, debido a la repetición de este tipo de actividades ilícitas en el lugar. Según Ebrard, esta medida busca enviar un mensaje claro contra la permisividad de prácticas ilegales en locales comerciales.
En el operativo participaron 50 inspectores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 42 elementos de la Secretaría de Marina (Semar), 100 agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), 60 elementos de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial y 12 funcionarios de Comercio Exterior.
Estas acciones forman parte de una estrategia nacional para combatir el contrabando y la distribución de mercancías ilegales, con el objetivo de proteger sectores como la industria textil y de juguetes, así como la economía formal del país.
El secretario de Economía subrayó que estas medidas son fundamentales para erradicar prácticas ilícitas que afectan a la población y a la economía nacional. El operativo es parte de un esfuerzo coordinado para garantizar que se respeten las normativas legales y se protejan los intereses de las industrias formales.
