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El Congreso de Guerrero aprobó reformas al Código Penal para tipificar como delito la rapiña, con penas de dos a seis años de prisión para quienes se apoderen de bienes aprovechando situaciones de desastre, emergencia o vulnerabilidad. La sanción aumentará en un tercio si el hecho ocurre en domicilios, comercios o es dirigido por terceros, y los servidores públicos involucrados serán destituidos e inhabilitados.
La reforma, impulsada por los diputados Jesús Urióstegui García y Héctor Suárez Basurto, busca combatir los saqueos registrados tras fenómenos naturales como huracanes y sismos, que han afectado recurrentemente al estado. Carlos Eduardo Bello Solano, presidente de la Comisión de Justicia, señaló que estos eventos generan condiciones de confusión en las que algunos se apoderan no solo de víveres, sino también de electrodomésticos, joyas y otros artículos de valor.
El nuevo delito, incorporado en los artículos 224 Bis y 227 Bis del Código Penal, aplicará cuando el apoderamiento de bienes ocurra durante catástrofes naturales, accidentes o situaciones de consternación privada. La pena se agravará si los responsables ingresan a establecimientos comerciales o viviendas, y en caso de que sean funcionarios públicos, enfrentarán además la pérdida de su empleo por un periodo igual al de su condena.
La medida surge tras los saqueos masivos registrados en Acapulco después del huracán Otis en octubre de 2023, que causó pérdidas estimadas en 390 millones de pesos solo en comercios asociados a la Antad. Tiendas de autoservicio, electrodomésticos y pequeños negocios fueron blanco de robos, lo que agravó la escasez de productos básicos en la zona. Autoridades y empresarios habían exigido acciones legales para frenar estos actos, que se repiten tras emergencias en la entidad.
Con esta reforma, Guerrero se suma a los estados que cuentan con un marco jurídico específico para sancionar la rapiña, en un intento por disuadir estos delitos y garantizar mayor seguridad en contextos de crisis. La legislación entrará en vigor tras su publicación en el periódico oficial estatal.
