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El Congreso del Estado aprobó un exhorto al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que informe en 15 días hábiles sobre la aplicación de la Ley de Amnistía en Guerrero. La solicitud busca conocer cuántas personas indígenas o afromexicanas han sido beneficiadas, los delitos por los que fueron liberadas y su distribución por género.
La iniciativa, propuesta por el diputado Edgar Ventura de la Cruz (PT), fue avalada por la Comisión de Justicia. El legislador Carlos Eduardo Bello Solano, presidente de dicha comisión, explicó que el objetivo es evaluar el funcionamiento de esta ley, publicada en 2024 para ayudar a personas procesadas o sentenciadas por delitos menores.
La Ley de Amnistía está dirigida principalmente a integrantes de pueblos originarios, comunidades afromexicanas, mujeres, campesinos y personas de escasos recursos que no tuvieron acceso adecuado a la justicia. El dictamen subraya que esta medida no significa impunidad, sino que busca reducir desigualdades en el sistema judicial.
"La amnistía pretende cerrar brechas para quienes no pueden pagar una defensa legal o cubrir fianzas. Es un mecanismo que otorga perdón a grupos vulnerables y restituye derechos afectados por condiciones económicas o sociales", señaló Bello Solano durante la sesión.
El Congreso enfatizó que su solicitud respeta la división de poderes y busca transparentar el impacto de esta política pública. La ley garantiza que los beneficiarios cumplan con la reparación del daño a las víctimas como condición para su liberación.
Esta acción legislativa ocurre un año después de la entrada en vigor de la normativa, que forma parte de los esfuerzos para reformar el sistema de justicia en Guerrero. El TSJ deberá detallar los tipos penales involucrados en los casos de amnistía aplicados y el perfil sociodemográfico de los beneficiarios.
Organizaciones civiles han destacado que Guerrero es uno de los estados con mayor población indígena y afromexicana en situación de vulnerabilidad dentro del sistema penal. La ley busca atender esta problemática mediante mecanismos alternativos de justicia.
El plazo de 15 días hábiles para la entrega del informe comienza a contar a partir de la notificación formal al presidente del TSJ. Los resultados permitirán al Congreso evaluar posibles ajustes a la legislación vigente.
