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El Congreso del Estado aprobó un decreto que permite a los 85 municipios de Guerrero contratar financiamientos para obras de infraestructura social en zonas marginadas. Los créditos, que deberán pagarse antes del 30 de junio de 2027, estarán respaldados por recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
El diputado Vladimir Barrera Fuerte, vocal de la Comisión de Hacienda, explicó que cada ayuntamiento deberá obtener la aprobación de dos terceras partes de su cabildo para acceder a estos financiamientos. La Secretaría de Finanzas y Administración estatal analizará previamente la capacidad de endeudamiento de cada municipio solicitante.
Los recursos se destinarán exclusivamente a obras que beneficien directamente a poblaciones en extrema pobreza o con alto rezago social. Los municipios deberán reportar trimestralmente el monto de la deuda, destino de los recursos y avance de las obras, además de registrar las obligaciones en los sistemas correspondientes.
La medida busca atender necesidades urgentes de infraestructura en comunidades vulnerables, bajo los lineamientos de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Deuda Pública del Estado. Cada administración municipal será responsable de liquidar los créditos contratados durante su gestión, incluso en caso de cambio de autoridades.
El decreto establece que los ayuntamientos deberán elegir instituciones financieras que ofrezcan las mejores condiciones de mercado, garantizando el uso transparente de los recursos y su aplicación en proyectos prioritarios para el desarrollo comunitario.
