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Un grupo de 43 senadores de oposición, compuesto por miembros del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC), ha ratificado su compromiso de votar en contra de la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La reforma, que busca entre otros puntos que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular, requiere de una mayoría de dos tercios de los votos en el Senado para ser aprobada.
A las afueras del Senado, trabajadores del Poder Judicial de la Federación y estudiantes de Derecho se manifestaron sobre Paseo de la Reforma para solicitar a los legisladores opositores que resistan las presiones y frenen la reforma.
Los manifestantes argumentan que la iniciativa no solo afecta los derechos laborales del personal del Poder Judicial, sino también la división de poderes, la legalidad y la democracia en México.
En respuesta a los rumores sobre posibles acuerdos de última hora o presiones para que algunos senadores de oposición cambien su voto o no asistan a la sesión, líderes de los partidos PAN y PRI han denunciado intentos de soborno.
Alejandro Moreno, senador del PRI, afirmó que se han ofrecido "cañonazos millonarios" a sus colegas para cambiar su voto, mientras que Marko Cortés, dirigente del PAN, señaló que dos senadores del PRD que se pasaron a Morena fueron los primeros en ser "comprados". Ambos líderes denunciaron además persecuciones por parte de las Fiscalías estatales contra legisladores y sus familias.
Morena y sus aliados, el PT y PVEM, suman un total de 85 senadores, un número que, en caso de contar con la mayoría de legisladores presentes, les permitiría aprobar la reforma. Sin embargo, los partidos de oposición han señalado que con sus 43 votos en contra, podrían bloquear la propuesta, siempre y cuando logren que todos sus legisladores se presenten y voten en unidad.
La discusión sobre si se requieren 85 o 86 votos para alcanzar los dos tercios depende del número final de senadores presentes en la sesión.
En medio de este panorama, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó formalmente que la reforma fue enviada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su análisis.}
No obstante, la senadora priista Claudia Anaya cuestionó la legalidad de la convocatoria a la sesión realizada en la antigua sede de Xicoténcatl 9, argumentando que no se cumplió con los procedimientos reglamentarios. Fernández Noroña defendió la legalidad de la sesión, destacando que el pleno ya había aprobado el acuerdo para cambiar de sede debido a las protestas en la sede del Senado.
Por otra parte, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, solicitó al pleno de la Corte que determine si tiene facultades para suspender el proceso legislativo de la reforma judicial mientras se resuelve de fondo el asunto.
La solicitud fue promovida por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, quienes también pidieron la intervención de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, para frenar la reforma.
El presidente López Obrador, por su parte, ha insistido en su respaldo a la reforma y ha prometido presentar datos sobre la "ineficiencia" del Poder Judicial, exhortando a los senadores a votar "según su conciencia".
