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El próximo lunes se llevará a cabo la primera reunión de la Comisión Especial del Congreso del Estado para evaluar la situación política en el municipio de Copala, Guerrero, confirmó la diputada Erika Lorena Lührs Cortés.
La comisión fue creada tras la ausencia de los dos primeros alcaldes electos, un problema que ha derivado en un estado de desgobierno en la región desde el 1 de octubre.
En entrevista, Lührs explicó que la síndica electa, Blanca Estela Castrejón Romero, asumió temporalmente el despacho municipal debido a la falta de un alcalde en funciones. Esta medida, señaló, está respaldada por la ley, que le permite a la síndica asumir el cargo por un periodo máximo de 30 días mientras se define la situación de la alcaldía.
"Ella es la encargada de despacho en este momento, y su mandato temporal comenzó el primero de este mes", aclaró Lührs.
La comisión, integrada por los miembros de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), tendrá como prioridad determinar el estatus jurídico del alcalde suplente, Rogelio Lozano Pérez, quien fue detenido días antes de tomar protesta.
"Vamos a analizar toda la información disponible, tanto la pública como la oficial, que podría provenir de la Fiscalía o el Poder Judicial", comentó la diputada.
Si tras la revisión se concluye que la ausencia del alcalde suplente es definitiva, el Congreso solicitará al Ejecutivo estatal una terna de candidatos, todos ellos vecinos de Copala, para seleccionar a un nuevo alcalde.
"Así lo establece la ley en caso de una ausencia definitiva", precisó Lührs.
La situación en Copala ha generado preocupación en la comunidad local. Grupos de ciudadanos han expresado su inconformidad con la toma de protesta de la síndica, argumentando que se realizó de manera irregular y en un domicilio particular, en lugar de la sede oficial.
Según algunos habitantes, esta acción contraviene la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, la cual establece que, en ausencia de un alcalde electo, el Congreso debe nombrar un Consejo Municipal Provisional.
Respecto a las manifestaciones, Lührs subrayó que el Congreso no tiene funciones investigadoras ni puede intervenir directamente en las protestas de los simpatizantes del alcalde suplente. Sin embargo, señaló que autoridades de la Secretaría General de Gobierno han mantenido comunicación con los manifestantes.
La crisis en Copala se desató después del asesinato del alcalde electo Salvador Villalva Flores y la posterior detención de su suplente. Esto provocó que simpatizantes de Lozano Pérez realizaran bloqueos carreteros y tomaran las instalaciones del ayuntamiento en un intento de impedir la toma de protesta de Castrejón Romero.
Sobre la posibilidad de que la viuda de Villalva Flores pudiera figurar entre las propuestas de la terna, la diputada acotó que se trata de un rumor.
La Comisión Especial, creada por un acuerdo parlamentario aprobado por la LXIV Legislatura, está compuesta por siete diputados, incluida Lührs, quienes buscarán resolver el conflicto de gobernabilidad en Copala a través de los cauces legales pertinentes.
