Table of Contents
Rogelio Ortega Martínez, exgobernador interino de Guerrero, demandó acciones contundentes para esclarecer el asesinato del líder social Marco Antonio Suástegui Muñoz, quien falleció el 25 de abril de 2025 en Acapulco. Durante el sepelio del activista en Cacahuatepec, Ortega advirtió que las condolencias oficiales serán "insuficientes" sin una investigación que identifique a los autores intelectuales del crimen. "Si no vienen acompañadas del reclamo firme de justicia, no nos bastan", afirmó frente a cientos de asistentes.
Suástegui Muñoz, de 49 años y vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), recibió tres impactos de bala la noche del 18 de abril en playa Icacos, donde también defendía a trabajadores turísticos. Tras ocho días de lucha en un hospital privado, falleció el 25 de abril. Su cuerpo fue sepultado en su comunidad natal, escoltado por policías comunitarios y acompañado de consignas contra megaproyectos que combatió por dos décadas.
"No basta con atrapar al sicario": exigen nombres de responsables
En el cementerio de Cacahuatepec, Rogelio Ortega recordó su gestión como gobernador en 2015, cuando logró trasladar a Suástegui desde un penal de máxima seguridad en Nayarit —donde estaba recluido sin cargos federales— a Guerrero. "Trajimos a Marco en helicóptero, con escolta, porque sabíamos que su vida corría riesgo. Nos comprometimos con su familia y cumplimos", declaró. El exmandatario vinculó el asesinato con intereses políticos: "Exigimos los nombres de quienes ordenaron su muerte. No basta con atrapar al sicario. Este crimen no puede quedar impune".
Ortega, quien gobernó Guerrero entre 2014 y 2015 tras la renuncia de Ángel Aguirre Rivero por el caso Ayotzinapa, criticó la falta de protección al activista: "Marco enfrentó amenazas constantes por defender su tierra. Su único 'delito' fue luchar contra proyectos que benefician a los poderosos". Durante el sepelio, relató cómo gestionó su liberación en 2015: "En Nayarit lo tenían en condiciones infrahumanas. Junto a Nestora Salgado, Gonzalo Molina y Arturo Campos, eran presos políticos. Los trasladamos a Guerrero porque aquí, al menos, teníamos cómo protegerlos".
Suástegui se consolidó como líder en 2003, cuando el CECOP impidió legalmente la construcción de la presa La Parota, proyecto de la CFE que habría desplazado a 36 comunidades. En 2007, una consulta ciudadana —avalada por la ONU— rechazó la obra. "Demostró que la tierra no se vende", destacó Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, durante el funeral. Pese a esto, el activista fue encarcelado en 2014 bajo acusaciones de ataques a funcionarios. "Lo acusaron de delitos que no cometió. Su lucha era pacífica, pero incómoda", insistió Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco.
Ante la tumba recién cerrada, Rogelio Ortega dirigió un mensaje a la multitud: "Estamos aquí para honrar a un guerrero indoblegable. Marco no era solo un luchador social; era un hermano, un padre, un defensor de su tierra. Cuando me tocó ser gobernador, me advirtieron: 'Cuidado con los del CECOP, son radicales'. Yo les dije: 'Que vengan. Para escucharlos y luchar junto a ellos'".
Relató un episodio ocurrido en 2015: "Una de sus hijas me dijo: 'Quiero a mi papi'. Le prometí traérselo, y lo hicimos. Lo rescatamos de una cárcel donde lo trataban como animal. ¿Su crimen? Defender a su pueblo. Hoy exijo lo mismo que él exigiría: justicia. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!".
El exgobernador conectó el crimen con un patrón de violencia estructural: "Lo mataron porque defendía lo que es del pueblo: el río, la tierra, la vida. No permitiremos que su muerte sea en vano. Levantemos su machete, su bandera, para que esta riqueza sea eternamente de Cacahuatepec".
Suástegui no contaba con medidas cautelares, pese a que la CIDH las otorgó al CECOP en 2015. "El gobierno federal ignoró las alertas. Ahora exigen disculpas, pero necesitamos acciones", señaló Norma Mesino, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur.
El sepelio reunió a comuneros, activistas y figuras como Micaela Cabañas Ayala, hija del guerrillero Lucio Cabañas y delegada de la CNDH. Al cierre, los presentes corearon: "¡Marco vive! ¡La lucha sigue!". Rogelio Ortega concluyó: "Hoy no es día de luto, sino de compromiso. Seguiremos su ejemplo: sin miedo, sin vendernos, sin callarnos".
La Fiscalía General de Guerrero no ha informado avances en el caso.
