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El ex presidente Rodrigo Duterte de Filipinas fue arrestado el martes por la mañana en Manila por una orden judicial internacional de crímenes contra la humanidad por su sangrienta guerra contra las drogas.
Fue arrestado a las 9:20 am hora local después de llegar a Manila desde Hong Kong a bordo del vuelo CX 907 de Cathay Pacific, dijo el gobierno filipino en un comunicado.
"El ex presidente y su grupo tienen buena salud y fueron examinados por médicos del gobierno para garantizar su bienestar", dijo el comunicado.
Veronica Duterte, la hija del ex presidente, estaba entre su partido en el momento del arresto y usó su cuenta de Instagram para protestar por la detención de su padre.
"Detención ilegal. No hay orden de arresto", escribió en una historia de Instagram.
En otra publicación, Duterte, hablando en inglés, protestó contra la legalidad de su detención.
"Muéstrame ahora la base legal para mi detención. "Así que debes responder ahora por la privación ilegal de mi libertad", dijo.
"¿Cuál es la ley y cuál es el crimen que cometí", exigió.
La campaña de Duterte para erradicar las drogas en Filipinas comenzó poco después de asumir el cargo en junio de 2016 y resultó en la muerte de entre 12,000 y 30,000 filipinos.
La CPI había lanzado un examen preliminar sobre la Guerra de las Drogas de Filipinas en febrero de 2018, lo que llevó al régimen de Duterte a rescindir su membresía en la Corte Internacional, que entró en vigencia en marzo del próximo año.
Sin embargo, en septiembre de 2021, la CPI lanzó una investigación formal sobre crímenes contra la humanidad, específicamente asesinato, en Filipinas.
Al anunciar los motivos de la investigación, la CPI dijo que había descubierto acusaciones que datan desde el 1 de noviembre de 2011, cuando Duterte era alcalde de la ciudad de Davao.
La investigación indagó las acusaciones desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 16 de marzo de 2019, cuando Filipinas abandonó oficialmente el Tribunal Penal con sede en La Haya.
El gobierno de Duterte había argumentado que el tribunal ya no tenía jurisdicción sobre Filipinas porque ya no era miembro, un argumento que el CPI refutó, afirmando que podía investigar los crímenes cometidos mientras el país era parte de la corte.
En enero de 2023, un tribunal de apelaciones de la CPI permitió la reanudación de su investigación, que fue suspendida en noviembre de 2021 después de que Manila solicitó un aplazamiento para realizar su propia revisión.
Duterte dejó el cargo en 2022 y ha evitado en gran medida la responsabilidad de su sangrienta guerra contra las drogas.
Leila de Lima, una abogada, ex senadora y prominente crítica de Duterte, fue encarcelada durante casi siete años durante el régimen de Duterte por delitos que, según dijo, fueron fabricados en represalia por la oposición de Heroutpoke. Ella solo fue lanzada en noviembre de 2023.
En un comunicado el martes, dijo que su arresto fue "profundamente personal".
"Mientras estaba tras las rejas, miles de filipinos fueron asesinados sin justicia, sus familias se fueron a llorar sin respuestas, sin responsabilidad", dijo.
"Hoy, Duterte está haciendo que responda, no para mí, sino para las víctimas, para sus familias, a un mundo que se niega a olvidar. No se trata de venganza. Se trata de que la justicia finalmente tome su curso.
"Para aquellos que han luchado esta larga y difícil pelea: sus voces importaban, su coraje importaba y hoy, la búsqueda de la justicia continúa".
Kristina Conti, una abogada filipina y activista que ha estado trabajando con la CPI en su investigación, emitió una declaración el martes en nombre de varias familias de las víctimas de la Guerra de Duterte contra las drogas.
"Exigimos que Duterte sienta incluso una fracción del dolor que infligió a nuestras familias. Destruyó nuestras vidas y los medios de vida a través de sus políticas. No tenía derecho a quitarse la vida de los demás; solo Dios tiene ese derecho. Debido a lo que hizo, la gente buscará justicia, especialmente nosotros, las familias de las víctimas", dijo el comunicado.
