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El Congreso de Guerrero aprobó una reforma al Código Penal que incrementa las sanciones por cohabitación forzada, especialmente cuando las víctimas pertenecen a comunidades indígenas o afromexicanas. La iniciativa, promovida por la diputada Araceli Ocampo Manzanares, establece penas de 5 a 15 años de prisión para quien obligue a menores a vivir en relaciones equiparables al matrimonio.
La reforma, avalada por el Pleno de la LXIV Legislatura, aumenta en un tercio las penas cuando el responsable es familiar de la víctima y hasta en 50% cuando afecta a miembros de pueblos originarios. Para quienes gestionen o se beneficien de estas prácticas, se prevén de 3 a 10 años de cárcel.
Durante la fundamentación, la diputada Erika Lührs Cortés destacó que Guerrero ocupa el primer lugar nacional en fecundidad adolescente, con 518 casos registrados en 2022 en menores de 15 años. Los datos del INEGI revelan que 7.5% de adolescentes indígenas entre 12 y 17 años están casadas o unidas en el país.
La modificación al artículo 177 Bis del Código Penal busca combatir el matrimonio infantil forzado, considerado por organismos internacionales como una práctica nociva que vulnera derechos fundamentales. La reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del gobierno estatal.
