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La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 441 votos a favor, una reforma al artículo 21 de la Constitución Política que otorga mayores facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch. Entre las atribuciones asignadas están la capacidad de investigar delitos, coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública y dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
El dictamen fue enviado a las legislaturas estatales para su discusión y eventual aprobación, un paso obligatorio para las reformas constitucionales. Se requiere el respaldo de al menos 17 congresos locales para que entre en vigor.
La modificación constitucional permitirá que la SSPC colabore directamente con la Presidencia de la República en temas de seguridad nacional, coordine acciones entre los tres niveles de gobierno y solicite información a otras instituciones para investigar posibles delitos. Asimismo, se faculta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para homologar criterios y estándares de seguridad en todo el país, además de auditar y supervisar el uso de los fondos federales destinados a este ámbito.
Entre los puntos clave, la reforma también establece que la SSPC, en conjunto con el Ministerio Público y la Guardia Nacional, tendrá mayores responsabilidades en la investigación de delitos, siempre bajo la dirección de las autoridades competentes.
El objetivo, según se destacó en la discusión, es reforzar las capacidades de la Secretaría para combatir la delincuencia y reducir los índices de violencia, privilegiando el uso de inteligencia sobre la fuerza.
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, participó en reuniones con legisladores en días previos para explicar los alcances de la reforma. Subrayó que estas nuevas atribuciones permitirán mejorar la eficiencia en investigaciones, detenciones y la judicialización de casos, con el propósito de lograr sentencias condenatorias y combatir la impunidad.
Además, destacó que las herramientas adicionales fortalecerán la colaboración entre instituciones de seguridad a nivel federal, estatal y municipal, promoviendo un enfoque integral en la prevención del delito.
Aunque hubo posturas críticas entre algunos legisladores de la oposición, todos coincidieron en la necesidad de dotar a la SSPC de herramientas legales más robustas para enfrentar los retos de seguridad pública. El dictamen también establece que la Secretaría deberá armonizar las normativas en un plazo de 90 días tras la publicación del decreto.
La reforma no contempla un incremento en el presupuesto de la SSPC para su implementación en el actual ejercicio fiscal. En su lugar, las erogaciones necesarias serán absorbidas por los recursos asignados previamente.
El dictamen aprobado será revisado por los congresos locales para completar el proceso legislativo. Una vez ratificado por las legislaturas de al menos 17 estados, las disposiciones entrarán en vigor, marcando un cambio significativo en las atribuciones de la SSPC como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
