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Este domingo 06 de octubre, ocurrió un hecho sin precedente en la historia política reciente de Guerrero: fue asesinado de manera brutal Alejandro Arcos Catalán, presidente municipal de Chilpancingo, la segunda ciudad más importante de la entidad y capital política de Guerrero. Además, le cortaron la cabeza.
El triunfo electoral de Alejandro Arcos, sobre la aplanadora partidista de morena, se convirtió en una tragedia para el propio Arcos y su familia. Una tragedia que significa dejar viuda a una esposa y huérfanos a sus hijos, luego entonces, la felicidad que debió otorgar el triunfo, le costó la vida y un interminable dolor a su familia.
Una tragedia que, como cualquier crimen, contiene más preguntas que respuestas. Sin embargo, esta tragedia solo es la punta de un iceberg donde tarde o temprano podría chocar Guerrero. Pero también puede leerse como un síntoma de la descomposición política en la que se encuentra la capital y la falta de control por parte de las autoridades locales.
Chilpancingo pende de un hilo y necesita un poco más que las condolencias en redes sociales de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la clase política mayoritaria en la entidad. Chilpancingo y Guerrero necesitan urgentemente un plan de acción que esté más allá de la Mesa de Seguridad que todos los días se publicita y que, sin embargo, no ha logrado contener la violencia de la que es presa esta entidad.
Aquel que piense que se trata de un asunto privado y de las pocas decisiones que pudo haber tomado Alejandro, o que se trata de algo interno de los partidos que postularon a Arcos Catalán, tendrá una lectura a conveniencia.
La pregunta más obvia y elemental es ¿por qué lo mataron? Y ¿A quién o quiénes beneficia este cobarde asesinato? ¿Cuál fue la clave para que la exalcaldesa Norma Otilia lograra mantenerse a salvo, aunque alejada del gobierno del estado y la clase política morenista?
Dicen que forma es fondo. La forma es la crueldad, el exhibicionismo y el control absoluto que tiene el crimen organizado, no solo en la capital del estado, sino en varias regiones. Para llevar a cabo la ejecución de Alejandro, lo tuvieron que haber secuestrado previamente. ¿Y sus guardaespaldas?. El fondo es el control que tiene el crimen sobre la clase política y, tal vez, la falta de fronteras bien establecidas entre los delincuentes y los políticos guerrerenses, con sus honradas excepciones.
Por lo pronto, el día de hoy, los chilpancinguenses amanecieron sin su autoridad política y con el miedo hasta los dientes, porque si ya se atrevieron a asesinar a su alcalde, ¿Quién sigue o qué sigue? ¿Qué le espera en estos días a Chilpancingo?
Este año ha sido particularmente violento para Guerrero, varios candidatos, presidentes electos y ahora un presidente en funciones, han sido asesinados con total impunidad. El primero fue José Alfredo Cabrera, candidato a presidente municipal de Coyuca de Benítez por la alianza Fuerza y Corazón por México, fue asesinado en pleno mitin en el cierra de su campaña; el segundo Salvador Villalba Flores, presidente electo de Copala por México Avanza, fue balaceado en el autobús en que viajaba; y ahora Alejandro Arcos Catalán, presidente en funciones del municipio de Chilpancingo, quien fue sustraído y decapitado, exhibiendo su cabeza en un lugar público.
Aunado al asesinato de varios políticos, no puede soslayarse o ignorar los hechos de violencia que vive desde hace dos meses el municipio de Cuajinicuilapa. La detención del hijo del expresidente municipal de Taxco, quien resultó ser parte de una banda de secuestradores, aunado a la ola de violencia que se vive en Chilpancingo desde el año pasado, cuando más de mil manifestantes fueron capaces de quitarle una tanqueta a la Guardia Nacional y derribar una de las puertas del Palacio de Gobierno del Estado; además de los múltiples asesinatos que diariamente ocurren en las principales ciudades del estado y el control de precios impuesto por el crimen organizado en Tierra Caliente.
Si estos hechos se juntan, claramente puede apreciarse que “estas formas de violencia”, son un síntoma de un fondo muy complejo que tiene que ver con el control del crimen organizado en la entidad y que los límites y las fronteras entre “buenos” y “malos”, entre políticos y criminales, no están bien establecidos.
